El procedimiento para dar las ayudas duró una década. Las minutas y los gastos de los intermediarios y comisionistas, que alcanzaron hasta un 20% del montante de algunas ayudas, fueron extraídos del fondo para las empresas en crisis durante diez años. Una década es mucho tiempo. Tanto, que lo irregular se termina asumiendo como normal. Los dos principales intermediarios entre el dinero que la Consejería de Empleo de la Junta entregaba para sufragar las prejubilaciones del caso de los ERE y las aseguradoras cobraron en comisiones más de 34,5 millones de euros.
El papel de los intermediarios ha sido clave también en el caso de los Eres. El negocio para estas empresas era redondo. Estos bróker movían el papeleo ante la administración, ejerciendo de puente entre la Consejería y las compañías aseguradoras que suscribían las pólizas. Por este trabajo cobraban comisiones que llegaron a ser de hasta un 20% del valor de la prima. Una red de comisionistas que incluía despachos de abogados, sindicalistas, algunos ex altos cargos de la Junta, y un buen número de mutuas y compañías aseguradoras que iban pegándole pellizcos a un botín de 647 millones de euros que la Junta de Andalucía destinó a los prejubilados de empresas en crisis.
La juez trata ahora de investigar también que papel tuvieron las dos principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, en la tramitación de estos ERE. Si al menos estas cacicadas, dramáticas para los andaluces, fueran inolvidables lecciones…
No hay comentarios:
Publicar un comentario