Con 125 años recién
cumplidos, la Unión General de Trabajadores (UGT) se encuentra en una
encrucijada definitiva. Las evidencias reunidas durante los últimos meses sobre
los abusos cometidos con cargo a fondos públicos por la organización que dirige
desde hace dos décadas Cándido Méndez apuntan a la corrupción ilegal; de la
legal ya hemos hablado en otras ocasiones.
Se ha puesto sobre el tapete todo un mecanismo irregular de
sobrefinanciación con cargo al contribuyente.
El desvío de
fondos se realiza por el método más sencillo, pedir a una
empresa contratada por el sindicato que le emita la factura con cargo a un
programa subvencionado (por ejemplo, el de defensa legal gratuita de la Junta
de Andalucía para la mujer discriminada por razón de sexo en su puesto de
trabajo), eliminando, eso sí, cualquier referencia al bien adquirido o el
servicio prestado que evidenciaría el mal uso del dinero público.
ANQUILOSAMIENTO EN LOS CARGOS
Entre estos
materiales: 700 maletines falsificados en Asia por orden expresa de la
dirección andaluza ugetista para agasajar a los delegados que en 2009 votaron
en el IX Congreso Regional por la continuidad de Manuel Pastrana como líder del
sindicato y cenas con barra libre celebradas durante los peores años de la
recesión por los responsables de UGT-A. En ocasiones quien emite la factura al
gusto del sindicato exige además su porción generosa del pastel.
Facturas pagadas
íntegramente con fondos de subvenciones que deberían destinarse también en su
integridad a fines tan loables como, por ejemplo, la formación de parados. También
a las empresas que más facturan a UGT se les piden recibos con cargo al bote.
Luego está el
descaro de imputar costes del funcionamiento ordinario del sindicato a los programas
de formación de parados: desde sueldos del personal de estructura de UGT-A,
hasta los servicios de limpieza de los despachos principales, pasando por el
mantenimiento de los aires acondicionados o incluso por los vigilantes de
seguridad de la sede central ugetista, donde no se imparten los cursos
formativos que terminan pagando el mantenimiento de la sede.
También hay métodos
más sofisticados de corrupción, como el cobro de comisiones por los cursos de
formación subcontratados o la utilización de empresas pantalla del conseguidor
de los ERE irregulares, el ex ugetista Juan Lanzas.
La suma de todos
estos desvíos de ayudas públicas ofrece cantidades de vértigo. La Junta de
Andalucía está revisando en estos momentos subvenciones por un importe que ronda
más de 20 millones de euros. Hay al menos 18 expedientes abiertos. Algunos ya
avisan que no hay que quedarse en Andalucía, sino mirar al todo nacional ugetista,
con 81 sociedades y dos fundaciones que mueven más de cien millones de euroscada año.
El poderío
institucional y económico de UGT sigue siendo brutal, pero la credibilidad
sindical se sigue derrumbando día a día.
