Es una práctica generalizada que cada nuevo equipo de gobierno de cualquier nivel de la administración pública incorpore en su administración a un grupo de personas que acceden al puesto de trabajo, con los “únicos méritos” de estar afiliado al partido “A” o “B”. Acceden a la administración sin pasar por ningún examen de acceso/oposiciones como están obligados todos los empleados públicos/funcionarios.
Son los llamados: “personal de confianza”, “asesores políticos”, “personal eventual”… En definitiva, “puestos a dedo” que cobran del erario público, es decir del bolsillo de los ciudadanos, simplemente por estar afiliado al partido. Podemos ver como botón de muestra “el personal eventual 2011-2015” del ayuntamiento de Almería y sus “austeras nóminas”:
5 Asesores generales destinados a las áreas municipales (3.689,09 euros/mes cada uno); 2 asesores de alcaldía (3.228,37 euros cada uno); 3 asesores de comunicación (2.884,98 euros/mes cada uno), 8 asesores a grupos políticos (2.864,05 euros/mes cada uno), 11 administrativos de apoyo a grupos políticos (2.046,96 euros cada uno), etc.
Sí; es posible recortar gasto público de la administración pública, ¿no habría que empezar por los “puestos a dedo” que acceden a la administración sin pasar por ningún examen de acceso como están obligados los empleados públicos/funcionarios? Por supuesto todo esto es legal, pero ¿es ético?
Es un botón de muestra de la inmoralidad del entramado político.
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